Al Sr. Naranjo, en 1988, hace 28 años, le ocasionaron un derrame de más de 500 barriles de petróleo, la empresa Petroecuador, tras removerle la tierra, le dejó ahí mismo el crudo. Su finca, como reconoce la Defensoría del Pueblo en su resolución del 28 de diciembre del 2012, no solo no cuenta con agua potable, sino que ni siquiera la tienen inventariada para darle remediación. Tras muchos reclamos, la empresa le hizo un pozo de agua de donde solo puede sacar aguas de formación, tóxicas para el consumo humano. Es lo que ocurre cuando a las empresas petroleras, que buscan sacar petróleo, se le pide que remedien, cuando no están preparadas para ello, ni saben, ni invierten, ni quieren, pero mantienen en la zozobra a quienes viven alrededor de ellas y de sus derrames. La Defensoría del Pueblo acaba de renunciar a darle seguimiento.
